Ultimátum de los socios independentistas del Gobierno a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para aprobar la reforma laboral. Este jueves, ERC Y EH Bildu -junto a la CUP y el BNG, con cuyos apoyos el Ejecutivo ya no contaba- se reafirmaron en su negativa a apoyar el texto tal y como fue pactado por el Gobierno con patronal y sindicatos. Y, para cambiar de posición, exigieron siete cambios en asuntos clave a nivel laboral, entre los que se cuentan algunos muy complicados de asumir para el Ejecutivo, como el encarecimiento del despido.
Este movimiento se produce apenas un día después del viaje de Díaz a Barcelona y sus reuniones con las direcciones autonómicas de CCOO y UGT, con una importante capacidad de influencia en ERC. Pese a que el miércoles las centrales incrementaron la presión sobre los republicanos para que apoyen la reforma laboral, el hecho de que las formaciones independentistas se hayan reafirmado el jueves en sus exigencias aleja aún más la posibilidad de un pacto, especialmente después de que ERC y EH Bildu hayan recuperado su exigencia de que el decreto se tramite en el Congreso como proyecto de ley para poder enmendarlo.
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Eso supone cerrar la puerta a la vía planteada por el Ministerio de Trabajo, que aspira a que la reforma laboral se apruebe sin modificaciones a cambio de asumir algunas de las reivindicaciones de sus socios en otras leyes sobre el mercado de trabajo que se aprueben durante la legislatura. Estas son las siete exigencias que separan, hoy por hoy, al Gobierno de sus aliados.
1. La indemnización de 45 días por año
Quizá sea el asunto que provoca una brecha más insalvable entre el Ejecutivo, por una parte, y ERC y EH Bildu, por otra, sea el incremento de la indemnización por despido. El documento hecho público este jueves plantea aumentarla, cuando el despido sea improcedente, "a los 45 días por año trabajado hasta un máximo de 42 mensualidades", como ocurría hasta el año 2010. No obstante, el PSOE no quiere oír hablar de volver a encarecer el despido, mientras Unidas Podemos se resiste a abrir una batalla con su socio por este asunto porque, además de tener pocas opciones de ganarla, considera que incrementar la indemnización por despido no es una prioridad porque la reforma implanta varios mecanismos para que existan alternativas a la extinción del contrato.
2. La prevalencia del convenio autonómico
"Se recuperará y establecerá la prevalencia y prioridad aplicativa de los acuerdos y convenios colectivos provinciales y autonómicos", plantea igualmente el documento de reivindicaciones hecho público este jueves por ERC, Bildu, BNG y la CUP. El objetivo de estas formaciones es "blindar así los marcos laborales propios de los diferentes territorios y los acuerdos y convenios colectivos en ellos alcanzados", lo cual implicaría que en ciertos sectores en algunas comunidades las condiciones salariales, de jornada o de otra índole podrían ser, de base, mejores que a nivel estatal si así se pactara.
Esta medida, no obstante, es rechazada por la patronal y, por ende, por el Gobierno, que quiere evitar a toda costa que los empresarios salgan del acuerdo. Fuentes socialistas, además, insisten en que el impacto que tendría cumplir esta exigencia de los independentistas sería muy escaso porque existen muy pocos convenios sectoriales autonómicos, y sostienen que ERC y EH Bildu -así como el PNV, que en esto coincide con ellos- únicamente quieren una victoria simbólica con esta propuesta.
3. La autorización administrativa para los ERE
La tercera reivindicación es recuperar "la necesaria autorización administrativa de la autoridad laboral en el control de los despidos colectivos a través de los ERE, recuperando para ello las causas objetivas previas a la reforma laboral del 2012". El cambio en la legislación que realizó ese año el Gobierno del PP suprimió ese requisito, lo que facilitó la realización de estos despidos colectivos. Y, el pasado mes de mayo, Díaz se mostró partidaria de "buscar una fórmula" para que el Estado recupere la capacidad de autorizar los ERE en ciertas empresas, ya que "la reforma laboral del PP impide que podamos actuar en despidos colectivos".
No obstante, y aunque Díaz se ha mostrado en repetidas ocasiones a favor de recuperar esa autorización administrativa previa para los ERE, lo cierto es que el acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos -que la vicepresidenta ha tomado como guía para el acuerdo con los agentes sociales- no recoge expresamente este compromiso. No obstante, el pacto sí promete reforzar "el papel de la Inspección de Trabajo y la autoridad laboral en el control de los despidos colectivos y en otros expedientes de regulación de empleo", algo que no ocurre en la reforma laboral.
4. Recortar la posibilidad del "descuelgue" salarial
El acuerdo entre Gobierno, patronal y sindicatos se ha centrado en acotar las causas por las que las empresas pueden acudir a la contratación temporal. Pero ERC, EH Bildu, BNG y la CUP exigen también revisar "las causas y procedimientos del despido, así como de los procesos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo", eliminando la posibilidad de que el empresario reduzca sueldos en base a tener previstas "pérdidas". "Asimismo, el descuelgue de las condiciones laborales y salariales basado en causas justificadas deberá quedar condicionada al acuerdo con la representación sindical", sostiene el documento.
Esta propuesta, aún más que la anterior, va también en línea con lo prometido por PSOE y Unidas Podemos en su pacto de coalición, que plantea la necesidad de revisar "el mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos" para que el "descuelgue salarial" -la capacidad de una empresa de no aplicar el convenio a sus trabajadores- solo esté "vinculado a causas económicas graves". No obstante, Trabajo quiere que este compromiso quede para una negociación posterior, algo que ERC, EH Bildu, BNG y la CUP rechazan.
5. Prioridad del convenio sectorial más allá del salario
La reforma laboral pactada y aprobada deroga la prevalencia salarial y a nivel de jornada del convenio de empresa sobre el convenio sectorial. ¿Qué significa eso? Que un convenio de empresa, donde los trabajadores tienen menos fuerza negociadora, no podrá revisar a la baja los sueldos ni empeorar las jornadas que se hayan pactado en el convenio del sector.
No obstante, los socios independentistas del Gobierno exigen recuperar la "prioridad aplicativa" de los convenios sectoriales sobre los de empresa en todas las circunstancias, de modo que estos últimos solo puedan "adecuar y mejorar" las condiciones de los primeros. Eso implicaría que los convenios de empresa no podrían empeorar condiciones sobre compensación de horas extra, horarios o medidas de conciliación, algo que la patronal ya rechazó en la negociación y rechaza ahora.
6. Cambios en la jornada laboral
ERC, EH Bildu, BNG y CUP exigen incluir en la reforma laboral "propuestas orientadas a la reordenación del tiempo de trabajo y la reducción de la jornada" con el fin de "facilitar la conciliación de la vida laboral y personal, así como el reparto del empleo y el trabajo". Esta, a diferencia de otras de las peticiones de sus socios, es una propuesta que Trabajo está dispuesto a estudiar y a llevar a cabo. Pero fuentes del Ministerio rechazan vincular la nueva regulación de las jornadas a tiempo parcial a la reforma laboral, ya que aseguran que está previsto abordarla en la ley de usos del tiempo que se negociará este año.
7. Limitar la movilidad geográfica
"Se restaurarán las limitaciones de las empresas para la movilidad geográfica colectiva y se recuperará la necesidad de acuerdo para la regulación de la jornada", piden los independentistas para la nueva reforma laboral. Sin embargo, este asunto tampoco se contempla en el acuerdo de coalición entre los socios.
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